La reciente discusión en torno a la vigencia, función y futuro del museo, reavivada por la publicación del artículo de Francesc Torres “El Palacio de Invierno está en otra parte” y las réplicas que ha suscitado, se ha instalado, con una facilidad casi anestésica, en un falso campo de batalla. Parece que estuviéramos obligados a elegir trinchera en una guerra de posiciones binaria: o se defiende el museo tal como lo conocemos, como baluarte civilizatorio inamovible, o se aboga por su demolición festiva en un acto de nihilismo cultural. Sin embargo, el problema real no reside en esa frontera inflamada ni en esa caricatura de bandos irreconciliables. La tesis que aquí se sostiene es otra, más sencilla, menos épica y, por ello, mucho más incómoda: el museo no atraviesa una crisis de utilidad, sino de modelo. No se trata de una enmienda a la totalidad de su existencia, sino de un diagnóstico severo sobre su metabolismo. No hay que derribar el edificio; hay que atravesarlo con una crítica que actúe como corriente de aire en un organismo que hoy corre el riesgo de asfixiarse en sus propias inercias, y recolocarlo, con humildad y urgencia, en una ecología institucional múltiple, viva y complementaria.
Si hay un “enemigo” en esta ecuación, no es el museo como concepto ni la colección como dispositivo de memoria: es la inercia burocrática que lo vuelve irrelevante para grandes capas de la sociedad, la captura presupuestaria que deja migas para el programa y la mediación mientras engorda partidas de seguridad y mantenimiento de continentes vacíos, y la precariedad estructural que expulsa sistemáticamente a quienes sostienen la vida cultural. A este escenario de desgaste no se le opone nostalgia ni defensa gremial, sino política cultural con mayúsculas: con reglas, métricas, presupuesto y voluntad de transformación.
Conviene, ante todo, desactivar una analogía recurrente que suele utilizarse para blindar la institución frente al escrutinio: la idea de que criticar el museo equivale a negarlo, del mismo modo que cuestionar la democracia implicaría desear su abolición, o que repensar el libro significaría la muerte de la literatura. Esta comparación es intelectualmente tramposa. Las instituciones que perduran en el tiempo, desde la democracia parlamentaria hasta la universidad, lo hacen precisamente porque admiten su carácter revisable; sobreviven porque mutan, porque cambian procedimientos, corrigen sesgos históricos y abren nuevos cauces de control público. El libro pasó del rollo al códice y a la pantalla; la democracia amplió el sufragio y los derechos civiles. Blindar al museo frente a la crítica radical bajo la excusa de protegerlo no lo salva; lo cristaliza. Lo convierte en un objeto arqueológico antes de tiempo. Una institución que se concibe a sí misma como templo acaba confundiéndose con su perímetro amurallado; una institución que se reconoce como proceso entiende que su legitimidad no reside en la grandiosidad de su vestíbulo, sino en cómo decide, a quién beneficia, qué voces amplifica y qué valor devuelve a la comunidad que la financia.
El presente político añade otra capa de urgencia que no podemos permitirnos ignorar. La cultura se ha convertido en terreno de disputa en una ola reaccionaria global que no oculta sus intenciones: se normalizan los vetos a artistas, se recortan programas educativos que tocan temas de género o memoria, y se exige una “neutralidad” impostada como si la neutralidad no fuera, en sí misma, una toma de partido por el orden existente. En ese contexto hostil, la institución que se declara apolítica, que se refugia en la torre de marfil de la “excelencia” abstracta, se limita a operar el statu quo y se vuelve vulnerable. La alternativa, por supuesto, no es convertir el museo en un panfleto ni en una sede de partido, sino profundizar en la democracia cultural: abrir los procedimientos de gobernanza, ampliar la mediación crítica, garantizar derechos laborales, repartir poder de decisión y generar condiciones para que la disidencia sea posible. Un museo entendido como infraestructura pública porosa, y no como fortín que guarda tesoros, está infinitamente mejor equipado para resistir la guerra cultural sin convertirse en su rehén.
Es cierto que reconocer la historia y los logros del museo es un acto de justicia. No se trata de borrar el pasado. Durante dos siglos, el museo organizó la memoria, el saber y el placer estético con una eficacia extraordinaria; construyó relatos nacionales y preservó patrimonios que, de otro modo, se habrían dispersado. Pero es igualmente cierto que, en ese mismo movimiento, consolidó jerarquías excluyentes, canonizó miradas patriarcales y coloniales, y blindó un régimen de legitimidad que hoy hace agua. Ese legado convive ahora con un presente donde el monopolio de la legitimidad artística ya no se sostiene. Y ese monopolio se agota no porque el museo “muera”, sino porque el ecosistema cultural se ha diversificado y enriquecido. Cuando el museo deja de ser la forma para volverse una forma entre otras, gana el ecosistema entero: centros de proceso y producción, archivos vivos en uso, laboratorios pedagógicos, plataformas digitales abiertas, museos comunitarios y prácticas extramuros. La pregunta relevante del siglo XXI ya no es “museo sí o no”, sino cómo se distribuyen funciones y responsabilidades en una ecología policéntrica que acoja la memoria y el estudio reposado junto a la producción viva, el ensayo y error, la mediación crítica y la documentación abierta. Menos icono arquitectónico y más proceso social.
Esta transición exige, inevitablemente, una economía política distinta. El museo de arte contemporáneo sufre una exposición crónica y patológica a la tríada mercado–evento–visibilidad. Hemos construido un sistema de incentivos perverso: cuando el indicador dominante para evaluar el éxito de una dirección o de una política cultural es el impacto mediático inmediato o el número bruto de visitantes que cruzan el torno, se desplaza la energía y el presupuesto de la investigación, la mediación y los cuidados (lo invisible) hacia la espectacularidad cuantificable (lo visible). Corregir ese sesgo no es una cuestión de retórica curatorial, sino de arquitectura normativa pura y dura: necesitamos separar los indicadores de interés público de las lógicas de cotización del mercado del arte; fijar mínimos porcentuales de honorarios para artistas y mediadores; incorporar cláusulas éticas vinculantes en los patrocinios; y abrir encargos no mercantilizados y circuitos de circulación en red que no dependan de la feria o la subasta. El dinero público debe llegar a la obra, a la investigación y al público, no perderse en las inercias de un aparato administrativo hipertrofiado o en seguros exorbitantes de obras trofeo.
No se trata de prometer lo imposible ni de caer en un utopismo ingenuo, sino de escribir lo que podríamos llamar “prosa institucional”. Frente a la poesía de los grandes enunciados sobre la belleza y el patrimonio, necesitamos la prosa de los reglamentos. Gobernanza compartida con reglas duras: quórums, actas públicas accesibles, registro de conflictos de interés para patronatos y comités de adquisición. Un porcentaje del programa sometido a decisión vinculante de jurados externos o asambleas ciudadanas; una estructura fija mínima que permita destinar la mayoría del presupuesto a encargo, producción y actividad; contratos tipo que eliminen la precariedad y pagos en plazos razonables. Indicadores comprensibles que midan el impacto social y territorial real, la accesibilidad efectiva (no solo física, sino cognitiva y económica), los tiempos de interacción y la calidad del trabajo, más allá de la tiranía del clickbait o la cola en taquilla. La sostenibilidad ha de volverse método, no etiqueta verde: menos efímero, más temporalidad extendida; reutilización sistemática y logística razonable; accesibilidad como criterio de diseño desde el minuto cero; documentación en abierto como regla de retorno público. Estas decisiones, tomadas en conjunto y aplicadas con rigor, cambian el metabolismo institucional mucho más que cualquier manifiesto vanguardista.
La crítica de modelo no prescribe una sola forma, sino una constelación. Puede y debe coexistir un museo de memoria, conservación y estudio profundo (el “Palacio” que almacena y cuida) con dispositivos de proceso ágiles que encarguen, medien y documenten la creación contemporánea sin la pesadez del mármol. Esa convivencia no duplica esfuerzos; los reparte y los especializa. Minimiza solapamientos innecesarios, diversifica las narrativas disponibles, distribuye los riesgos de la apuesta cultural y mejora el servicio público. La ecología policéntrica es, ante todo, un ejercicio de humildad institucional: aceptar que ninguna institución, por venerable que sea, puede serlo todo para todos, y que la legitimidad contemporánea se construye cooperando en red, no compitiendo ferozmente por el mismo titular de prensa o la misma subvención.
Quienes temen que esta evolución “se cargue lo que hay”, o argumentan que primero debemos solucionar los problemas de almacenamiento del MNAC o el MACBA antes de permitirnos “lujos” experimentales, confunden la estabilidad con la parálisis, y la gestión con la imaginación política. La verdadera responsabilidad conservadora, en el sentido más noble y etimológico del término: cuidar lo que merece perdurar, es asegurar que las instituciones tengan futuro, no que se mantengan idénticas a su pasado. Un almacén lleno no sustituye a una política de encargos viva; un organigrama blindado no equivale a la excelencia profesional; una ampliación arquitectónica sin un contrato-programa claro es un fin en sí mismo, un monumento al ego, no una herramienta cultural. Lo contrario de la grandilocuencia vacía es el detalle operativo: las reglas del juego, los porcentajes presupuestarios, los calendarios realistas, los informes públicos, las auditorías de impacto social. Gobernar, en cultura como en todo, es explicar cómo se decide y asumir la responsabilidad de esas decisiones.
Llamar a esta agenda reformista y exigente “infantilista” o acusarla de adanismo es una comodidad dialéctica, un refugio retórico para no afrontar la complejidad del momento. Infantil es exigir excelencia internacional sin querer tocar las estructuras anquilosadas que la impiden; infantil es pedir colecciones de primera división con presupuestos operativos que dejan migas para el programa real; infantil es invocar la neutralidad del arte en medio de mecanismos de censura; infantil es conceder al mercado la última palabra sobre qué es valioso mientras se reprende paternalistamente a quien cuestiona sus indicadores de éxito. Ser adulto, institucionalmente hablando, es negociar las reglas del conflicto, es tener la valentía de mover el presupuesto hacia donde pasa la vida creativa, es asumir que la cultura es un campo de tensiones y medir los resultados con honestidad. Ser adulto es admitir que el museo no necesita ser rescatado de la crítica como si fuera una víctima indefensa, sino que necesita ser atravesado, sacudido y fecundado por ella para seguir siendo un espacio público de sentido relevante.
La conclusión, aunque extensa en sus implicaciones, cabe en pocas líneas de intención política. Defendamos el museo, sin duda, pero renunciemos de una vez por todas a su monopolio y a su excepcionalidad sagrada. Defendamos la conservación y el estudio riguroso, pero exijamos con la misma fuerza que el dinero público alcance a la producción de los vivos, a la mediación en los barrios, a la documentación de lo efímero y a los cuidados de quienes trabajan. Defendamos la excelencia, pero solo si está respaldada por reglas claras, transparencia y evaluación pública constante. Defendamos la obra de arte, pero integrándola en objetivos, indicadores y retornos sociales tangibles. No se propone aquí una demolición irreflexiva, sino una cirugía de alta precisión: abrir ventanas, ventilar despachos, redistribuir recursos, medir impactos, cuidar personas. En tiempos de repliegue identitario y polarización simplificadora, el museo no puede permitirse ser un bastión aislado y autocomplaciente: debe transformarse en un órgano vivo dentro de un cuerpo institucional más amplio y diverso. Solo así, asumiéndose como una forma entre otras en un concierto plural, seguirá cumpliendo su función fundamental: garantizar el derecho inalienable de una sociedad a pensarse, discutirse, contradecirse e imaginarse en común.
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