“El arte debe ser una parte integral de la vida de las personas, no solo una actividad marginal reservada a las élites.” – John Dewey
El acceso a la cultura constituye un derecho fundamental que refuerza la democracia, fomenta la equidad y fortalece la cohesión social. Sin embargo, el modelo actual de gestión cultural de las artes visuales en España no siempre garantiza estos derechos de manera equitativa. Repensar dicho modelo se presenta como una tarea urgente, no para desmantelar lo existente, sino para someterlo a un cuestionamiento crítico que permita reequilibrarlo y redimensionarlo con el objetivo de configurar un ecosistema cultural más inclusivo, sostenible y justo.
Desde la década de los noventa, el enfoque predominante de las políticas culturales, impulsado por los gestores institucionales, ha priorizado la construcción de grandes infraestructuras de exhibición que absorben una parte significativa de los recursos públicos, marginalizando la producción artística y limitando la participación de la ciudadanía. Aunque este modelo ha permitido consolidar espacios culturales importantes, también ha generado un sistema que privilegia las infraestructuras sobre las personas y los procesos creativos, excluyendo a muchos creadores, dinamizadores culturales y comunidades, relegándolos a una posición periférica dentro del campo cultural.
Es fundamental reconocer los logros alcanzados, pero también resulta ineludible enfrentar las carencias y desequilibrios de un sistema que, con frecuencia, extrae valor simbólico y económico del trabajo de los artistas sin retribuirles un apoyo proporcional. Este enfoque extractivista concentra la visibilidad en un grupo reducido de creadores y gestores, homogeneizando las narrativas culturales y desestimando la diversidad de voces, experiencias y realidades que enriquecen nuestro tejido cultural. Además, la retórica del “emprendimiento cultural” ha reforzado la idea de que los artistas deben asumir toda la responsabilidad de su éxito, lo cual enmascara las deficiencias estructurales del sistema y fomenta dinámicas de autoexplotación e individualismo que debilitan tanto la autonomía como la capacidad crítica del sector artístico.
La emergencia de perspectivas decoloniales en el ámbito académico y artístico ha influido de manera significativa en el debate sobre el modelo institucional vigente, proponiendo nuevas formas de pensar, investigar y representar la diversidad cultural, desafiando los cánones occidentales y promoviendo la pluralidad de saberes y experiencias. La falta de representatividad y diversidad en las instituciones museísticas ha generado una fuerte crítica, que denuncia la exclusión de las voces y perspectivas de las comunidades históricamente marginadas. Estas comunidades exigen una participación real en la toma de decisiones que afectan a la gestión del patrimonio cultural y a la construcción de la memoria. Esta demanda por una gobernanza más inclusiva subraya la importancia de integrar a diversos actores en la gestión institucional, promoviendo un modelo en el que la participación ciudadana sea una realidad efectiva.
El debate sobre el museo también se ha visto impulsado por la creciente conciencia sobre las desigualdades sociales, la discriminación y la exclusión que afectan a diversos grupos. Se exige que el museo asuma un rol más activo en la lucha por la justicia social. Los museos del siglo XXI se enfrentan al desafío de transformarse en instituciones más justas, inclusivas y relevantes para la sociedad. Esto implica descolonizar la mirada, replantear la relación con las comunidades, democratizar la gobernanza y adaptarse a las realidades cambiantes del siglo XXI. Estas críticas abren la posibilidad de construir nuevos modelos: verdaderos espacios de encuentro, de diálogo y de creación colectiva, espacios abiertos, permeables y críticos que reconozcan su responsabilidad en la construcción de imaginarios y relatos, y que trabajen en conjunto con las comunidades para construir una institucionalidad más democrática y situada.
El público, la ciudadanía en general, tampoco queda al margen de estas dinámicas desiguales. La mediación institucional, cuya finalidad teórica es acercar el arte a la ciudadanía, a menudo se convierte en una barrera que transforma la experiencia artística en un acto de consumo pasivo, reduciendo su potencial transformador y limitando la capacidad del público para generar reflexiones y significados compartidos. En lugar de asumir un papel de interlocutor activo, el público se convierte en un espectador distante, debilitando así la conexión entre el arte y la sociedad e impidiendo que el arte funcione como catalizador de transformación social.
Frente a estas realidades, se impone la necesidad de redistribuir y descentralizar los recursos existentes. En lugar de invertir en la creación de nuevas infraestructuras, es imperativo aprovechar las que ya están construidas, redimensionándolas para integrar espacios de producción artística colaborativa, gestionados de manera participativa por creadores, dinamizadores culturales, comunidades y otros agentes culturales. Estos espacios no deben ser meras plataformas técnicas, sino entornos vivos donde la investigación, la experimentación y el intercambio sean ejes fundamentales. Promover nuevas formas de acercar la creación artística a la comunidad resulta esencial para superar las limitaciones del sistema de exhibición actual, que tiende a centralizar y restringir el acceso a las prácticas culturales.
El papel de los colectivos culturales independientes es esencial para propiciar este cambio. Estos grupos, que operan fuera de las estructuras institucionales convencionales, poseen una capacidad única para adaptarse a las realidades locales, promover prácticas inclusivas y resistir la mercantilización de la cultura. Su enfoque horizontal y colaborativo les permite cuestionar las lógicas dominantes del mercado y abrir vías hacia un modelo más democrático, donde los recursos y las oportunidades también alcancen a aquellos actores históricamente excluidos del discurso oficial. Estos colectivos configuran un espacio de resistencia y renovación que puede redefinir el sector cultural desde la base, contribuyendo a una mayor equidad y diversidad en el acceso y en la producción artística.
Un replanteamiento integral del modelo cultural también debe incluir la incorporación de las artes en el sistema educativo, desde la educación primaria hasta la universitaria, así como fomentar su conexión con otros ámbitos del conocimiento, como la ciencia, la tecnología y la ecología. Estas sinergias no solo enriquecerían la producción cultural, sino que también permitirían abordar de manera innovadora las problemáticas sociales contemporáneas, ampliando el impacto del arte como herramienta crítica y como generador de conocimientos transversales en la sociedad.
Finalmente, resulta imprescindible proponer modelos económicos alternativos que reconfiguren las dinámicas de poder y distribución de recursos dentro del sector cultural, alejándose de la dependencia exclusiva de las lógicas del mercado neoliberal. Un nuevo contrato social para las artes y los derechos culturales debe sustentarse en la gestión participativa, la redistribución, la descentralización y el reconocimiento del valor intrínseco de la creación artística como motor de transformación social. Es necesario transitar hacia formas de economía solidaria, donde los recursos sean gestionados de manera equitativa y donde se potencie la capacidad de los artistas para definir los usos y alcances de su producción sin someterse a las presiones mercantiles que condicionan la creación.
El cambio en el sistema cultural se logrará cuando dejemos de ver a creadores y dinamizadores culturales como un recurso a explotar y los reconozcamos como sujetos críticos e innovadores. Replantear el modelo cultural en España no significa desmantelar lo construido, sino transformarlo, enriquecerlo, reconocer sus fortalezas y, al mismo tiempo, responder a las demandas de un sector que requiere mayor equidad, diversidad y autonomía. Este cambio debe responder también a la emergencia de perspectivas decoloniales, permitiendo que las voces históricamente marginadas encuentren un espacio legítimo en las instituciones culturales. Además, es necesario replantear la relación entre arte y sociedad, democratizando la gobernanza de los museos y otras instituciones culturales para que sean verdaderos espacios de encuentro y transformación social. Todo esto permitirá construir un ecosistema donde la producción artística sea el núcleo vital, donde se descolonice la mirada y donde la cultura se transforme en un derecho plenamente accesible, actuando como un motor de desarrollo comunitario sostenible y equitativo.
Daniel García Andújar
2024
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